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16/05/2007 - Derechos Humanos

Ratifican nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final

La Cámara Nacional de Casación Penal ratificó la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Fue al rechazar las presentaciones efectuadas, en distintas causas, por los defensores de Benjamín Menéndez, Rádice y Alberto González.

Los camaristas Guillermo Tragant, Angela Ledesma y Eduardo Riggi recordaron la resolución tomada por la Corte Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Simón".

La Cámara Nacional de Casación Penal ratificó la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final al rechazar planteos de ex miembros de las fuerzas armadas procesados por violaciones a derechos humanos durante la última dictadura militar.

Según confirmaron hoy fuentes judiciales, la decisión fue tomada por la Sala III del tribunal al desestimar las presentaciones efectuadas, en distintas causas, por los defensores de Jorge Rádice y Alberto González y Luciano Benjamín Menéndez, entre otros.

En los casos de Rádice y González el tribunal coincidió con la solución adoptada en su momento por la Sala II de la Cámara Federal de esta capital en los hechos que tuvieron como víctimas a detenidos desaparecidos en la órbita de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

La decisión que involucró a Menéndez y otros ex integrantes del ejército, está vinculada con el caso "Brandalisis", de privaciones de la libertad, aplicación de tormentos y desaparición forzada de personas en el centro clandestino "La Perla", en Córdoba.

Los camaristas Guillermo Tragant, Angela Ledesma y Eduardo Riggi recordaron la resolución tomada por la Corte Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Simón".

En esa causa, contra el represor Julio (el Turco) Simón, el máximo tribunal consideró "impostergable" la supresión de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, con el fin de dar cumplimiento a los tratados internacionales en materia de derechos humanos y remover obstáculos normativos para la persecución de crímenes contra la humanidad.

Los camaristas agregaron, además, que, por tratarse de delitos de lesa humanidad, son imprescriptibles y pueden seguir investigándose aún a décadas de su comisión.

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