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Manlio Martínez un preso VIP a Villa Urquiza
Camara fotoAMPLIARManlio Martínez un preso VIP a Villa Urquiza
24/04/2014 - Preso hasta el juicio

Detienen al ex juez federal Manlio Martínez por encubrir crímenes de lesa humanidad

Por disposición del juez federal Daniel Bejas, el ex magistrado paso la noche del miércoles en el Penal de Villa Urquiza. Una indisposición cardiáca obligó a los mèdicos a trasladarlo al Centro de Salud. Martínez rechazó de plano cientos de pedidos de hábeas corpus de personas secuestradas durante la dictadura.

Para muestra basta un botón

Un capítulo aparte merece la actuación de la Justicia en relación con los presos de la cárcel de Villa Urquiza. Numerosos testimonios obrantes en la instrucción mencionan el accionar cómplice, de Manlio Martínez. La joven Julieta Locascio, salvajemente torturada y sometida a un simulacro de fusilamiento, llevada ante el juez Martínez le mostró las cicatrices de las torturas, a lo que el magistrado le contestó que “eran las reglas del juego” .La impunidad de ayer lo lleva hoy a ingresar a las mismas celdas que tantas veces visitó para dar cierto viso de "legalidad" al lugar donde se torturaba y mataba a mansalva. 

La causa que lleva a la celda a Martínez es la denominada “Romero Niklison”, que trata sobre la ejecución extrajudicial el 20 de mayo de 1976 de los militantes de la organización Montoneros María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra Lamas, Juan Carlos Meneses, Atilio Brandsen y Eduardo González Paz en una vivienda de calle Azcuénaga n° 1.816/1.820 de San Miguel de Tucumán.

El ex juez federal Manlio Martínez quedó detenido en la noche del miércoles por orden del juez federal Daniel Bejas, quien ordenó su traslado al Penal de Villa Urquiza.

Con las primeras luces de ayer, una indisposición cardíaca obligó a los médicos del penal a trasladar a Martínez hasta la Unidad Coronaria del Centro de Salud, donde quedó durante toda la jornada bajo custodia de la Policía Federal. De esta forma otro civil de "alta jerarquía" queda encarcelado hasta el inicio del juicio, como ya ocurrió con el cura Jose Mijalchik y el escribano Benedicto. Este último protagonizó una fuga a Paraguay desde donde fue extraditado ocho meses después lo que permitió su presencia durante las audiciencias del juicio "Jefatura 2" y "Arsenales II", de la que todavía se aguarda que quede firme su absolusión ante la duda".

Las complicaciones de salud de Manlio Martínez no demorarán el inicio del juicio en su contra, cuestión que se demora desde hace años por los planteamientos realizados de puño y letra por el ahora detenido ex magistrado, quien es un reconocido abogado que aplica todo tipo de artilugios para ganar tiempo. 

En fuentes de seguridad se afirmaba que el Juez había dispuesto la fuerte custodia del reo para que no se repita lo ocurrido con Benedicto, que tiñó de sospechas a las fuerzas federales que custodiaban en aquella oportunidad al escribano.

El requerimiento para la elevación a juicio provino del fiscal federal de Primera Instancia 1 de Tucumán, Carlos Alfredo Brito, quien considera que Martínez formó parte del esquema del Terrorismo de Estado que se aplicó en la Argentina y con fuerte implicancia en nuestra provincia.

Martínez está acusado por omisiones en la investigación de un allanamiento ilegal realizado en un domicilio en el que fueron asesinadas cinco personas durante la dictadura. 

Fue indagado por el juez federal del 1 el 8 de junio y el 27 de julio de 2011, y luego de una apelación de la defensa, la medida fue ratificada por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.

La Fiscalía sostiene que "las actuaciones judiciales llevadas adelante en la causa patentizaron la función del ex juez dentro del esquema de terrorismo de Estado imperante para esa fecha; y que sus acciones y omisiones produjeron voluntariamente la legitimación de la ejecución extrajudicial de las cinco víctimas y aseguraron impunidad para sus autores". 

El representante del Ministerio Público recordó que otras dos personas resultaron condenadas recientemente a prisión perpetua en un proceso judicial llevado adelante 35 años después de los hechos con prácticamente la misma base probatoria. 

El fiscal consideró que ese precedente debería ser un indicio sobre de la posibilidad de que hayan existido graves omisiones por parte de las autoridades judiciales de aquel momento, en el sentido de no investigar la comisión de ilícitos.

La Fiscalía sostiene que “las actuaciones judiciales llevadas adelante en la causa patentizaron la función del ex juez dentro del esquema de terrorismo de Estado imperante para esa fecha; y que sus acciones y omisiones produjeron voluntariamente la legitimación de la ejecución extrajudicial de las cinco víctimas y aseguraron impunidad para sus autores”.

El representante del Ministerio Público recordó que otras dos personas resultaron condenadas recientemente a prisión perpetua en un proceso judicial llevado adelante 35 años después de los hechos con prácticamente la misma base probatoria. El fiscal consideró que ese precedente debería ser un indicio sobre de la posibilidad de que hayan existido graves omisiones por parte de las autoridades judiciales de aquel momento, en el sentido de no investigar la comisión de ilícitos.

Además, Brito tomó como antecedente el voto del juez Pérez Villalobos en la sentencia del Tribunal Oral Federal de Tucumán, quien argumentó que el magistrado "de aquel entonces acompañó con su inacción las prácticas genocidas del plan militar, legitimando con sus omisiones funcionales la impunidad que gozaron por años los represores responsables”.

Brito señaló que es necesario analizar esas omisiones de acuerdo a la información con la que contaba en aquel momento Martínez para poder confrontarlas luego con sus obligaciones funcionales, a fin de determinar todos los extremos de su conducta concreta con relación a los hechos investiga-dos en la presente causa.

Agregaron asociación ilícita

Recientemente la Cámara Federal sostuvo que Manlio Martínez garantizó "impunidad a los autores" con "tolerancia y encubrimiento de las prácticas del aparato represivo del Estado".

La Cámara Federal de Tucumán hizo lugar a la solicitud de la fiscalía y amplió el procesamiento del ex juez Manlio Torcuato Martínez por asociación ilícita en el marco de delitos cometidos durante el terrorismo de Estado desde su función, a la vez que confirmó el procesamiento por no investigar, encubrir crímenes, abuso de autoridad y privación ilegal de libertad.

Según el tribunal, Martínez actuó “garantizando que los hechos ilícitos cometidos por los miembros de las fuerzas armadas que llegaron a su conocimiento en su carácter de juez penal, no fuesen investigados ni por él ni por ningún otro magistrado, de modo de proveer segura impunidad a sus autores”.

Con la confirmación y ampliación de este procesamiento, “el camino hacia el juicio oral y público se acorta considerablemente. Martínez deberá responder en esa instancia por delitos con penas de hasta 20 años de prisión”, informó la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio Público en Tucumán.

La resolución de la Cámara Federal tucumana fue adoptada en la denominada causa “Romero Niklison”, que trata sobre la ejecución extrajudicial el 20 de mayo de 1976 de los militantes de la organización Montoneros María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra, Juan Carlos Meneses, Atilio Brandsen y Eduardo González Paz en una vivienda de calle Azcuénaga n° 1.816/1.820 de San Miguel de Tucumán.

En el inicio de la causa, el fiscal Carlos Brito, con la asistencia de la Oficina de Derechos Humanos de Tucumán, acusó a Martínez por su inacción para investigar a los ejecutores de estos esos delitos y señaló que el ex juez, así, cumplía con una promesa que había hecho al ser designado en sus funciones: no entorpecer la represión ilegal en la provincia y garantizar la impunidad de los perpetradores.

Según reconoció el imputado, estuvo presente en el lugar el mismo día de la masacre y no ordenó ninguna medida de investigación, dando por cierta la existencia de un “enfrentamiento” pese a las evidencias en contrario.

Durante el actual proceso judicial, la fiscalía puntualizó casi 20 medidas que podría haber adoptado y omitió.

Según los fiscales, esta inacción implica la comisión del delito de incumplimiento de la obligación de promover la persecución y represión de los autores de delitos. La Cámara Federal  –con los votos de los jueces Ernesto Clemente Wayar, Juan Carlos Reynaga y Graciela Fernández Vecino- puntualizó que esa conducta “fue realizada con el propósito de consolidar el hecho de que los autores de los homicidios (delitos de lesa humanidad) permanezcan fuera del alcance de la justicia”, lo que a su vez, señalaron, configura el delito de encubrimiento.

Al ex juez también se lo imputa por haber dispuesto la persecución penal del propietario de la vivienda en la que sucedieron las ejecuciones, Miguel Romano, a quien indagó sin abogado defensor, recluyó en el centro clandestino que funcionó en la Jefatura de Policía y lo entregó al ex jefe del Servicio de Informaciones Confidenciales de la policía tucumana, Roberto Heriberto Albornoz , alias “Tuerto”. Martínez tampoco tuvo en cuenta que Romano tenía problemas de salud mental severos.

Los fiscalía ponderó que Martínez mantuvo detenido a Romano durante más de un año y que luego lo sobreseyó con las mismas pruebas por las que había decidido detenerlo. Durante ese tiempo lo privó de las medicinas que necesitaba y Romano terminó internado en una clínica psiquiátrica.

Por los hechos que damnificaron a Romano, Martínez fue procesado –y ahora confirmado por la Cámara- por los delitos de abuso de autoridad, prevaricato y privación ilegítima de la libertad agravada por haber actuado con abuso de funciones, durar más de un mes y producir graves daños en la salud de la víctima.

La Cámara Federal consideró que con las decisiones adoptadas por Martínez tanto en la masacre como en la persecución penal de Romano “no estamos ante errores humanos en la gestión judicial, sino frente a la tolerancia y encubrimiento de las prácticas del aparato represivo del Estado, garantizando que los hechos ilícitos cometidos por los miembros de las fuerzas armadas que llegaron a su conocimiento en su carácter de juez penal, no fuesen investigados ni por él ni por ningún otro magistrado, de modo de proveer segura impunidad a sus autores”.

En ese sentido, el tribunal de alzada tucumano recordó que esa acción fue consecuente con un modo de obrar: entre 1975 y 1976 el ex magistrado rechazó 325 acciones de habeas corpus motivadas en el secuestro de personas por parte de las fuerzas armadas y de seguridad.

La apelación de la fiscalía por la asociación ilícita, por la que el juez Raúl Daniel Bejas había dictado la falta de mérito, fue sostenida en la instancia superior por el fiscal general Antonio Gustavo Gómez.

Respecto de ese delito, la Cámara Federal sostuvo que Martínez “tenía un rol asignado en la cadena de mandos del aparato represivo y que rendía cuentas de su labor frente a los estratos superiores del mismo” y en ese sentido entendió que Martínez “formó parte de una asociación criminal (…) cuyo objetivo principal fue eliminar opositores políticos o ideológicos del régimen”. En ese sentido, señalaron que su designación como juez -impulsada por el general Acdel Vilas- fue hecha “con la finalidad de aportar el respaldo jurisdiccional que la asociación necesitaba para funcionar como tal y mantenerse en el tiempo”.

Citando a la fiscalía y a diversos informes glosados en la causa, la Cámara sostuvo que la función de Martínez como juez federal de Tucumán era “no hacer, no iniciar investigaciones, no atribuir ningún delito a ningún funcionario militar o policial, no citar a nadie que pudiera dar datos para individualizar a los responsables”. Así, especificó el tribunal, contribuyó “desde su función como magistrado, con el terrorismo de Estado, permitiendo que muchos delitos de lesa humanidad pudieran cometerse, garantizando la impunidad judicial a sus autores”.

Por otra parte, la Cámara confirmó parcialmente la falta de mérito de Martínez con relación a su presunta intervención en los delitos de violación de domicilio y homicidio agravado perpetrados en perjuicio de las víctimas de la masacre.

Un primer tramo de la causa en la que fue confirmado el procesamiento de Martínez tuvo sentencia en marzo del año pasado, cuando fueron condenados a prisión perpetua el ex jefe del Cuerpo III del Ejército Luciano B. Menéndez y el “Tuerto” Albornoz. 


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