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AMPLIARArturo Murillo, con las esposas para Evo Morales

Interpol y la embajada de EEUU tendrán 48 horas para brindar información sobre residencia del exministro Murillo

La Embajada de Estados Unidos en Bolivia y la Interpol tendrán 48 horas para remitir información al Ministerio Público sobre “la residencia y paradero” del exministro Arturo Murillo, una vez sean comunicadas sobre el requerimiento de la Fiscalía a través del escrito que será canalizado por la Cancillería del Estado.

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“El Ministerio Público está conminando a Interpol y a la embajada de Estados Unidos que brinden información sobre la residencia y el paradero de Arturo Murillo. Esta información tiene que ser entregada al Ministerio Público de manera legal y formal”, indicó Nadeshda Guevara, abogada de 54 víctimas de violación a los derechos humanos durante el gobierno de facto de Jeanine Añez.

La jurista precisó que la solicitud será remitida “vía Cancillería con todos los antecedentes” y desde que reciban la documentación la “embajada y la Interpol tendrán 48 horas para remitir la información”.

“Hay un ultimátum a estas instituciones para que, además, nosotros tengamos conocimiento, no sólo con el fin de notificación (al exministro), sino también a futuro de cómo se vaya desarrollando el proceso, incluso de una futura extradición”, dijo la abogada a Bolivia TV.

Guevara representa a 54 personas que fueron torturadas durante los años 2019 y 2020, luego de la ruptura del orden constitucional de noviembre de 2019, cuando la segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Añez, se proclamó presidenta del Senado y también del Estado ante una Asamblea sin quorum.

Ese 12 de noviembre de 2019, apenas ingresó a Palacio Quemado y el jefe de la Casa Militar le puso la banda presidencial y le entregó el bastón de mando, Añez eligió a Murillo para que ocupe el cargo de Ministro de Gobierno.

El 14 de noviembre de 2019, Murillo juró en el cargo y anunció: “vamos a ir a la cacería de Juan Ramón Quintana, Raúl García Linera y también de gente de las FARC, cubanos, venezolanos que han estado viviendo aquí”.

“Vamos a hacer que la Ley caiga con el más fuerte peso. Para todo aquel que le ha hecho daño al país pediremos la máxima condena. Los que están haciendo sedición vamos a pedir también que se los encarcele”, advirtió el hombre de confianza de Añez.

En ese su afán, encarceló a más de unas 50 personas, a quienes se las torturó en las cárceles del país.

El hecho fue denunciado en el Comité contra la Tortura, instancia que examinó el tercer informe periódico del Estado Plurinacional de Bolivia (CAT/C/BOL/3) en sus sesiones 1867ª y 1869ª (CAT/C/SR.1867 y 1869), celebradas los días 25 y 26 de noviembre de 2021.

En su informe, el Comité expresó “su seria preocupación por los informes recibidos en los que se documentan los actos de violencia y las graves violaciones de derechos humanos, incluida la tortura, los malos tratos y el uso excesivo de la fuerza con resultado de muerte, ocurridos en el marco de la crisis socio política de septiembre-diciembre de 2019”.

También expresó su “preocupación ante los insuficientes avances en la investigación y enjuiciamiento de las denuncias de tortura y malos tratos ocurridas en este contexto, así como respecto de los ataques a personal de la Defensoría del Pueblo (arts. 2, 12, 13 y 16)”.

Por ello, la entidad recomendó al Estado boliviano “investigar de modo pronto, independiente, efectivo y exhaustivo, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de actos de tortura, malos tratos y uso excesivo de la fuerza ocurridos durante la crisis de 2019-2020; y asegurar que las víctimas reciban una reparación integral adecuada, conforme al daño sufrido”.

De igual manera solicitó “establecer un mecanismo de seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, creado mediante un acuerdo suscrito con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para coadyuvar en las investigaciones de los hechos mencionados”.

Recomendó, además, “adoptar las medidas necesarias para regular la actuación de la policía y las Fuerzas Armadas conforme a criterios estrictamente profesionales y para garantizar su subordinación a las autoridades civiles”, para lo cual sugirió “establecer protocolos eficaces que regulen la actuación de las fuerzas del orden durante las protestas sociales”.

El requerimiento del Ministerio Público se da dentro del caso que se sigue a Murillo por esos delitos de vejaciones y torturas, desaparición forzada de persona, lesiones graves y leves, entre otros.

Murillo está detenido en la prisión federal de Miami desde mayo de 2021, acusado por el Departamento de Seguridad Nacional del Estados Unidos de lavado de dinero y recibir sobornos.

Philip Lichtenfeld aceptó la comisión del delito de conspiración para cometer un delito de soborno internacional. En junio fue sentenciado por un juez de Florida a dos años y dos meses de prisión, el pago de una multa de $us 75.000 y el trabajo comunitario de 300 a 1.000 horas.

En abril se informó que el juicio contra el exministro fue postergado hasta noviembre de esta gestión.